22/6/04

Dr. Alfredo J. Gascón Cotti (Argentina)

Juicio por jurados: riesgoso retroceso

Dr. Alfredo J. Gascón Cotti

Extractos:

Suele decirse por los sostenedores del sistema, que el juicio por jurados legos posibilita una mayor participación social en la administración de justicia. Esta afirmación se sustenta en un prejuicio corporativo, que desconoce que la sociedad, al ritmo en que va conformando a través de la legislación su estructura jurídica, provoca el entrenamiento metódico de los agentes del sistema, conformando un cuerpo profesional o plétora, que no es extraño ni marginal a la sociedad, sino miembro vocacionalmente integrado a su ejercicio. La sociedad masivamente considerada responde emocionalmente ante los casos impactantes, pero no tiene en lo concreto una definición participativa relevante. Basta recordar la dificultad para obtener testigos ante hechos delictuosos o autoridades de mesas electorales. El interés público no es por lo común preponderante al momento de asumir cargas personales.

El juicio por jurados atenta contra el principio de legalidad en materia procesal. El fallo del jurado resuelve una alternativa (culpabilidad o inocencia) pero no fundamenta las razones de su opción. Esta metodología dificulta la revisión y deja neutralizada la sanción de arbitrariedad o absurdo. En cambio, la paciente elaboración de tales pautas de juzgamiento provee al sistema judicial vigente de una firme plataforma de control y hasta autodepuración eficaz, cualidad que permite detectar excepcionales desvaríos.

La implantación del juicio por jurados no consistiría en una reforma sino en una sustitución, de cuyos resultados no puede anticiparse con grado suficiente un mejoramiento sustancial que la justifique. Sería largo enumerar las dificultades concretas de instalación del sistema, desde las pautas de juzgamiento de quienes carecen de una formación metódica sobre conceptos elementales como las presunciones y los indicios, la imputabilidad, la culpabilidad, el dolo y la culpa, la preterintencionalidad, la causalidad, temas todos ellos larga y trabajosamente reflexionados para incorporarse como datos inexcusables en la función del juzgamiento. Desaparecerían las razones de la defensa técnica, exigencia pretora inserta en la garantía constitucional de la defensa en juicio y en su regulación procesal. Cobraría impulso la teatralidad inductiva de lo emocional, en desmedro de la racionalidad motivadora de la convicción fundada.

El sistema republicano de gobierno necesita un poder judicial sólido y eficaz, como instrumento de la seguridad jurídica. La plétora profesional es el sector de la sociedad capacitado por las universidades para el ejercicio de las distintas funciones que requiere el sistema. La desprofesionalización del régimen de juzgamiento penal implicaría un riesgoso retroceso hacia la justicia anómica, sujeta a impredecibles riesgos de parcialidad o ignorancia, con sus previsibles y alarmantes consecuencias.

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Dr. Alfredo J. Gascón Cotti
Abogado

Diario El Día
22 de junio de 2004.